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El tema

En 2017 la situación de los/las defensores/as de los derechos humanos en Colombia empeoró: la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que al menos 105 defensores/as fueron asesinados y la organización Somos Defensores informó que los homicidios en la primera mitad de 2017 aumentaron un 31% en comparación con el mismo período en 2016. Tanto la prensa como los/as funcionarios/as del gobierno realizaron rutinariamente campañas de difamación que vinculaban a las organizaciones de derechos humanos con grupos armados y las acusaban de lucrar con la compensación a las víctimas, poniendo en duda la credibilidad de los/as defensores/as.

Un caso en particular afectó al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y a la comunidad más amplia de derechos humanos en Colombia de manera especial. En julio de 1997, paramilitares llevaron a cabo una masacre en la ciudad de Mapiripán, matando a decenas de personas y desplazando a cientos de otras. CAJAR representó a muchas de las familias que buscaban justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Colombia pagar millones de dólares en reparaciones a las familias de las víctimas de la masacre. Sin embargo, en 2011 una de las demandantes se retractó de su declaración anterior, diciendo que su hijo había aparecido y que su esposo había muerto antes de la masacre. A continuación, el Estado de Colombia solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que revisara su decisión y CAJAR enfrentó entonces acusaciones de fabricar demandantes para beneficiarse de la compensación. El presidente Juan Manuel Santos difamó a los abogados de CAJAR como “codiciosos” y “corruptos” desencadenando una campaña mediática que expuso a los defensores y defensoras a una nueva ola de ataques, hostigamiento e intimidación. Además de aumentar el estigma general en torno al trabajo en derechos humanos en Colombia, esto generó desconfianza entre CAJAR y los/as afectados/as a los que representan en otros casos, impidiendo los esfuerzos de terceros para buscar justicia.

Las organizaciones

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) promueve y protege los derechos humanos en Colombia, en particular los derechos de los/las activistas para llevar a cabo su trabajo en condiciones de seguridad. CAJAR desempeña un papel clave para garantizar que las víctimas estén representadas en el proceso de paz en Colombia y en los mecanismos de justicia transicional.

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz apoya procesos comunitarios en comunidades u organizaciones afrodescendientes, mixtas e indígenas que usan métodos no violentos en áreas de conflicto armado.

La Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC) realiza capacitaciones, ofrece asistencia legal y aboga por la justicia a nivel nacional e internacional en varios temas, especialmente los relacionados a la tierra y al desplazamiento interno.

El Proyecto de Defensa de Nuevos Medios (NMAP, por sus siglas en inglés) combina experiencia jurídica con herramientas de comunicación para fortalecer los derechos humanos y la justicia social. Ayuda a los/as defensores/as a contar sus historias de manera contundente para ganar las causas y las campañas más difíciles. En 2016, NMAP recibió apoyo para trabajar con los/as abogados/as en la Red de Justicia de Bertha, de la cual CAJAR es miembro. Posteriormente, CAJAR reunió a las otras tres organizaciones colombianas en un esfuerzo conjunto para cambiar la narrativa en torno a los/as defensores/as de derechos humanos

Los videos

CAJAR y NMAP produjeron la serie “Palabras que matan”, compuesta de un breve video de introducción seguido de una serie de cuatro videos de 7 minutos sobre casos específicos que pueden ser vistos por separado o de forma consecutiva: 1) El trabajo de CAJAR sobre la Masacre de Mapiripan y cómo las autoridades y los medios usaron un testimonio retractado para sembrar dudas sobre los/as otros/as demandantes y sus abogados; 2) El trabajo de CAJAR en el caso de David Ravelo, quien fue falsamente acusado de asesinato y encarcelado después de haber denunciado varias masacres llevadas a cabo por paramilitares; 3) el trabajo de Yira Castro sobre la restitución de tierras y las acusaciones respecto a que la organización lucra con este trabajo; 4) El trabajo de Justicia y Paz con las comunidades que se oponen a las empresas que afectan negativamente sus medios de subsistencia, y la necesidad de contrarrestar las acusaciones del gobierno y representantes de las empresas, de que Justicia y Paz está vinculada a grupos guerrilleros.

NMAP filmó y editó estos videos durante cinco meses. Al planear las entrevistas, algunos funcionarios del gobierno parecían responder mejor a los pedidos provenientes de una organización extranjera como NMAP de hablar frente a la cámara como entrevistados, lo que demostró cómo afectan las campañas de desprestigio la capacidad de las organizaciones colombianas de acceder a los tomadores de decisiones. Además de la serie de cuatro videos, NMAP creó algunos spots más cortos de 1 minuto para Twitter como incitaciones al público a ver los videos completos.

Contrariamente a muchos videos de promoción, “Palabras que matan” intentaba cambiar una narrativa general y, para ello, NMAP y CAJAR tomaron la decisión deliberada de no pedir al espectador que asumiera una acción en particular - los videos solo le piden al espectador que distribuya el contenido a través de sus redes sociales.